SCJN respalda a Cofece y congela nueva política eléctrica de la Sener

Revista Caname Digital publicó información de El Economista en la que destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía el 15 de mayo del 2020, en la que se ponderaba la generación de rápido arranque o base, que concentran principalmente las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de la generación intermitente renovable, principalmente de los privados.

“Se suspenden todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, notificó en estrados el Poder judicial.

El pasado 22 de junio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Corte, por considerar que dicha política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución federal, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.

La suspensión ordenada por la Corte deja sin efectos la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, luego de que empresarios consideraron que no ofrece certidumbre a las inversiones realizadas, y las futuras tendrán que invertir más, lo que ocasionará un incremento en el costo de la electricidad por medio de energías renovables al aumentar el monto de la inversión.

La medida cautelar de suspensión estará vigente hasta que el pleno de la Corte resuelva el fondo del asunto.

En su recurso del 22 de junio, la Cofece consideró que la política emitida por el gobierno federal es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

“El instrumento publicado afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”.

“Ello porque la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, estimó la Cofece.

El órgano autónomo mencionó que el acuerdo de la Sener incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Sener combatirá con argumentos

De acuerdo con Víctor Ramírez Cabrera, experto en energía renovable, la suspensión de la Corte no indica que la política queda sin efectos o que contradice a la Constitución, sino que llevará a cabo un análisis para determinar su armonización con las atribuciones expresas que le corresponden a otros actores, en este caso a la Cofece, aunque en tanto, no tendrá efectos, igual que ocurre con las suspensiones emitidas por el juez mediante los juicios de amparo.

“Es algo parecido a las suspensiones definitivas que dieron los jueces por los amparos como el de Greenpeace (en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental), y está suspendida hasta que haya una queja y se resuelva o hasta que la Corte diga que esto no es constitucional”, expresó.

Sin embargo, aclaró en Twitter que la resolución de la Corte es importante porque sentaría precedentes para que la Secretaría de Energía no siga intentando aparentar cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, pero por debajo del agua quiera violarlas.

En tanto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se limitó a responder vía Twitter que el Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético en México y por tanto mantendrá su postura de combatir por la vía del derecho las resoluciones que se le impongan. “El Gobierno es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos”, aseguró la funcionaria.

Futuro energético se decide en tribunales

El año pasado, el juzgado primero de distrito en Competencia Económica falló a favor de Sigea para otorgar la suspensión definitiva con carácter general a la industria tras el intento de la Secretaría de Energía por modificar las reglas para otorgar certificados de energía limpia, incluyendo a las plantas anteriores a 2014 de la CFE, lo que invalidaría el mercado.

En mayo, 14 proyectos eólicos y solares lograron de manera individual la suspensión provisional del Acuerdo para la confiabilidad del sistema del Cenace, en espera de las audiencias para ratificar la suspensión definitiva de este ordenamiento que, aunque fue emitido con carácter emergente durante la emergencia por Covid-19, no contenía fecha de implementación.

Luego, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental lograron la suspensión definitiva y con carácter general para toda la industria del país tanto para el Acuerdo del Cenace como para la nueva Política de Confiabilidad del sistema que emitió la Secretaría de Energía días después.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Comisión Federal de Competencia Económica al suspender la política de la Secretaría de Energía argumentando la revisión de las acusaciones de invasión de facultades del órgano autónomo.

El Economista

Publicado en Revista Caname Digital

30 de junio de 2020

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