El combate a la inseguridad requiere cambios radicales

En años recientes la inseguridad pública se ha fortalecido de tal manera que se ha convertido en uno de los principales factores que puede limitar el crecimiento del país. El hecho de que la confianza de realizar un acto ilícito no será castigado debido al elevado grado de impunidad que prevalece, que viene acompañada de la ausencia de Estado de derecho, es un fenómeno que no sólo afecta el patrimonio de las personas y empresas, sino que su incidencia tiene un alcance mucho mayor que pone en riesgo otros aspectos, como la vida, la libertad y la salud de los individuos, además de la supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas.

Es evidente que los niveles de inseguridad han aumentado de manera considerable. Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) correspondientes a marzo del 2018, indican que el 76.8% de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, porcentaje que fue el más elevado desde que inició este registro. Lo preocupante de los resultados de la ENSU es que la expectativa del 72.5% de los encuestados considera que la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal o empeorará, lo que evidencia la poca confianza que existe en el desempeño de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Esto se refleja también en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública ENVIPE, que reportan que la cifra negra durante el 2016 (delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa) fue de 96.3%, principalmente porque los afectados consideran que hacer una denuncia es una pérdida de tiempo y por desconfianza a las autoridades. Además, la inseguridad representa costos económicos importantes. Según la ENVIPE, el costo de la inseguridad en el país durante el 2016 ascendió a 236.8 mil millones de pesos, lo que representó el 1.25% del PIB.

No obstante, existen otros cálculos que reportan efectos considerablemente superiores a éste. De acuerdo con el Global Peace Indicator, “el impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (US$249 mil millones) en 2017. Esta cifra representa 21% del PIB del país”, lo que según el Institute for Economics & Peace, que es el que elabora este indicador, representó un incremento de15 por ciento. De acuerdo con este instituto, la delincuencia organizada sigue siendo el principal desafío para las autoridades mexicanas. Sin embargo, la tasa de delitos violentos que incluyen asaltos, robos y violencia sexual se incrementó en 15 por ciento.

Es evidente que nuestro país enfrenta un colapso en el nivel de seguridad que afecta a empresas y familias, propiciando que los esfuerzos del gobierno actual y el entrante se concentren en su inmediata solución. Durante 2017, el Institute for Economics & Peace señala que 25 de las 32 entidades federativas del país tuvieron un deterioro en el nivel de paz.

México tiene una economía fuerte y capaz de elevar su ritmo de crecimiento y bienestar. La fortaleza macroeconómica que ha logrado a lo largo de los años es señal inequívoca de que, a pesar de que hacen falta mayores esfuerzos, a lo largo de ese tiempo se observan avances en cuanto a la capacidad de generar empleos, infraestructura que ha mejorado la actividad productiva, productividad y competitividad, así como un paulatino mejoramiento del ingreso real de las familias.

Sin embargo, el malestar que este entorno de inseguridad ha generado entre la población se ha utilizado como instrumento para minimizar estos avances y para polarizar aún más las relaciones sociales. Hacer creer que el partido en el poder ha sido la causa principal de esta situación, siempre es una buena estrategia para lograr objetivos políticos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este problema no tiene exclusividad, ya que atañe a todos los gobiernos estatales y municipales, y evidentemente a todos los partidos políticos.

La corrección o modificación de estrategias para erradicar este problema es obvia. Las instituciones encargadas de aplicar las leyes deben ser fortalecidas con todos los instrumentos posibles que les permita combatir eficientemente la delincuencia. Es cierto que violencia no se ataca con violencia, pero tampoco con ofrecer amnistía a los delincuentes, que está definida como “Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Esto puede ser considerado como un fortalecimiento del elevado grado de impunidad que existe.

La percepción de organismos internacionales nos ubica entre los países con serios problemas de seguridad, lo que puede generar un ambiente de incertidumbre para los flujos de capital. Ya hemos señalado que el World Economic Forum, mediante su reporte The Global Competitiveness Index 2017-2018, indica que en materia de crimen organizado nuestro país ocupa el lugar 134 de un universo de 137 países, así como el lugar 135 en cuanto a confianza en los servicios policiales, además de indicar que en México los factores que generan más problemas para hacer negocios son la corrupción y el crimen organizado.

El tema de seguridad es fundamental para el buen desempeño de la actividad económica de cualquier país. El seguimiento de este tema por parte de organismos nacionales e internacionales especializados es fundamental para establecer políticas que contribuyan a mejorar los niveles de seguridad.

Consolidar un ambiente de confianza requiere cambios radicales y compromisos reales con respecto a la inseguridad, impunidad y a la corrupción. Cuando hay confianza, aumenta la inversión, mejoran los negocios y el consumo. De lo contrario, se reduce la intención de invertir o gastar ya que la gente se vuelve más conservadora a la hora de consumir, decisión que finalmente resienten las empresas, debido a que ven cómo se reducen sus ganancias, pero al mismo tiempo su capacidad de mantener niveles óptimos de empleo.

La confianza de inversionistas y hogares no sólo recae en la instrumentación de las reformas, ni en promesas que no tienen un plan específico para hacerlo, sino en un favorable entorno de negocios en el que, por una parte, las empresas tengan la seguridad de que su capital está seguro y la posibilidad de rendimientos sea atractiva, y por otro, en el que las personas se sientan libres y seguras de desarrollarse eficientemente.

Sergio Hernández Trejo
Subdirector de Análisis Macroeconómico
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A. C. (CEESP)

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.